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Hacen de su deuda privada "nuestra" deuda pública

Recortan la educación y la sanidad públicas, despiden a miles de trabajadores y nos quieren meter otra reforma laboral, para pagar una deuda pública ilegítima

HACEN DE SU DEUDA PRIVADA "NUESTRA" DEUDA PÚBLICA

Para el nuevo Gobierno, como para el anterior, pagar la Deuda pública es el deber supremo. Así lo exigen Merkel, Sarkozy y el FMI. PP y PSOE ya lo convirtieron en mandato constitucional cuando reformaron la Constitución, con nocturnidad y alevosía, para fijar el pago de la deuda pública como la “prioridad absoluta” del Estado.
Repiten en todos lados que “tenemos una deuda” muy grande, que “las deudas hay que pagarlas” y que son necesarios los recortes y los sacrificios para hacerlo. Pero ¿qué es exactamente esa deuda? ¿De qué cantidades hablamos? ¿Quién la contrajo? ¿Es de todos/as? ¿Quién debe pagarla?

¿Qué es la deuda?    

El déficit público de un país se produce cuando los gastos públicos superan a los ingresos públicos, que son la suma de los impuestos directos (sobre las rentas del trabajo, los beneficios empresariales y la propiedad) y los impuestos indirectos (sobre el consumo, como el IVA). Cuando hay déficit público, se produce el endeudamiento del país para poder afrontar los gastos. Por regla general esa deuda se contrae emitiendo bonos con diferentes plazos de amortización. La deuda pública es parte de la deuda total del país, que incluye también la deuda privada, contraída por los bancos, las empresas y las familias.

¿Cuánta  y de quien es la deuda?

Según estimaciones y los propios datos dados por el Banco de España el pasado año, la deuda total española es de 4,25 billones de euros, lo que equivale a cuatro veces el Producto Interior Bruto (el PIB es la medida de la riqueza generada por el país en un año).
Esa deuda, a fecha de octubre del pasado año, se distribuía de la siguiente manera: deuda pública, el 16,5% (cerca de 700.000 millones). Deuda de las familias, el 21%, no llega al billón de euros (sobre todo son las hipotecas de las familias). Deuda de las empresas, el 30,5% (1,3 billones). Deuda de los bancos, el 32% (1,35 billones). Así pues, la mayor parte de la deuda, el 83,5%, es deuda privada y en casi dos tercios corresponde a los bancos y las empresas.
La deuda pública, en nombre de la que se pretenden justificar los recortes, es apenas el 16,55% de la deuda y pese a haberse disparado en los últimos años equivale al 70% del PIB, una cantidad lejos aún de la media europea (80%).

¿Cómo se generó esa deuda y por qué fue creciendo la deuda pública?

Desde la entrada en el euro (2001), la deuda privada española fue creciendo al calor de la especulación inmobiliaria. La banca internacional, en particular la alemana y francesa, vieron la ocasión de dar salida a una gran masa de capitales excedentes, que destinaron a la periferia europea con grandes beneficios. Así, financiaron sus exportaciones al Estado español y alimentaron la especulación inmobiliaria.
Según datos del Banco de España, 1,77 billones de deuda estaban financiados desde el exterior, en particular por la gran banca extranjera. Los bancos españoles le deben 775.000 millones, las empresas no financieras 624.000 millones y el Estado 294.000.
Hay varias razones que explican el crecimiento de la deuda pública. La primera es el sistema fiscal. Los gobiernos del PP y del PSOE fueron reduciendo sustancialmente los impuestos a los ricos, al tiempo que permitían una enorme bolsa de fraude fiscal. Según la asociación de técnicos e inspectores de Hacienda, las grandes fortunas y grandes empresas españolas evadieron del fisco más de 60.000 millones euros, cifra que casi duplica el recorte anunciado por Rajoy. Lo que se dejaba de ingresar por impuestos se sustituía por endeudamiento público. Así, los bancos y los ricos ganaban por partida doble: dejaban de pagar impuestos y con el dinero ahorrado hacían negocio comprando deuda pública.
Otra razón es la corrupción de los gobiernos. Un ejemplo son las obras del AVE, en las que se han gastado y comprometido 50.000 millones, un gigantesco despilfarro que sólo puede explicarse por los intereses de las grandes constructoras, los suministradores alemanes y franceses y la corrupción política.
Otro ejemplo son los aeropuertos, algunos de ellos cerrados antes de ponerse en marcha, como el de Ciudad Real, donde invirtieron 1.000 millones, o el de Castellón, con 151. Hay también gastos de más de 5.000 millones en autopistas de peaje cuyas concesiones fueron  entregadas a grandes constructoras y las pérdidas se dejan a cargo del Estado. Añádase a todo esto las obras faraónicas e infraestructuras de gobiernos autonómicos y ayuntamientos, que en muchos casos ni siquiera se finalizaron.
Otro capítulo es el gasto en armamento militar. El Secretario de Estado de Defensa reconoció en julio de 2011 que hay una deuda que se eleva a 35.000 millones de euros, contando los intereses. De esta deuda, 12.000 millones fueron destinados a comprar 87 aviones Eurofigther. Los gastos de las tropas en el exterior fueron de 1.252 millones en 2010.
Y no olvidemos las subvenciones y los privilegios fiscales de la Iglesia Católica, que superan los 6.000 millones anuales, y la monarquía, que cuesta un mínimo de 59 millones de euros al año.

Cómo convierten su deuda privada en nuestra deuda pública

La deuda pública comienza verdaderamente a acelerarse a partir de 2008, tras la quiebra de Lehman Brothers. Desde esa fecha la deuda pública española ha pasado del 39,80% del PIB al 70% estimado para 2011.
La primera razón de esa subida es el dinero dedicado a rescatar a los banqueros. Según la Comisión Europea, se han destinado 146.000 millones de Euros, sin contar el año 2011, de los que 10.000 millones han ido a asumir pérdidas de las Cajas, para luego venderlas a precio de saldo. Ahora se preparan para sanear con dinero público los activos inmobiliarios podridos de los bancos, con más del 100.000 millones (el 10% del PIB).
Una segunda razón es el déficit creado por la crisis capitalista, debido al aumento del gasto en desempleo (30.000 millones en 2011) al estallar la burbuja inmobiliaria y al bajón de los ingresos por impuestos, en un sistema fiscal basado en las rentas del trabajo y no en los tributos sobre el capital y las clases altas rentistas.
Y una tercera razón es el propio servicio de la deuda pública, cada vez más grande y cara. La partida de los Presupuestos del Estado dedicada al servicio de la deuda en 2011 eran 74.000 millones, 27.500 de los cuales correspondían a intereses y el resto a la amortización de deuda. Así, más de la quinta parte de los gastos de la Administración del Estado en 2011 han ido al pago de la deuda. A este gasto descomunal hay que añadirle 9.000 millones de intereses de las Comunidades Autónomas (eso sin contar Ayuntamientos y otros entes públicos). Estamos hablando de un 10% del PIB dedicado al pago de la deuda.
 Recordemos que el gran problema de la deuda española es, en realidad, la deuda privada, esa fortuna de 1,4 billones de euros que los bancos y las empresas españolas deben a los bancos alemanes, franceses, americanos o británicos y que vía los rescates y los mecanismos citados la van convirtiendo en nuestra deuda pública.
 
Nos atracan a plena luz del día

Los grandes bancos y fondos especulativos son los que compran y venden deuda. Antes de que los Estados pongan a la venta nuevas emisiones de deuda, éstos llevan a cabo grandes operaciones especulativas, vendiendo bonos y manipulando la prima de riesgo (que fija la diferencia entre los intereses a pagar por un bono español y uno alemán). Para este atraco cuentan con la complicidad de las agencias de calificación (que son las que califican la calidad de la deuda y tienen entre sus socios a grandes fondos especulativos que se lucran con la deuda).
El Banco Central Europeo (BCE) no presta dinero a los Estados sino a los bancos. Les presta dinero sin límite, a un interés del 1%, con el que los bancos compran después deuda pública que los estados deben pagar al 5%, al 7% o más. Es un atraco legal a plena luz del día.

¿Quienes son los grandes beneficiarios?

El 55% de la deuda pública española está en manos de bancos y fondos extranjeros, sobre todo europeos, y el 45% está en manos de los bancos y fondos españoles. Todos ellos son los beneficiarios de esta deuda, gracias en buena medida a las cuantiosas ayudas que ellos mismos han recibido de sus gobiernos. Son bancos y compañías cuyos directivos y administradores cobran millonadas.
Son beneficiaros directos los dirigentes políticos que transitan impunemente entre lo público y lo privado. El actual Ministro de Economía, De Guindos, fue antiguo directivo de Lehman Brothers. El Ministro de Hacienda Montoro es un hombre de la CEOE. Morenés pasó de alto directivo de la industria de armamentos a ser Ministro de Defensa. Felipe González y Aznar se asociaron a grupos financieros y multinacionales. Solbes, exvicepresidente de Zapatero, es ahora consejero del Barclays y de la multinacional Enel y asesor del FMI. Boi Ruzi, consejero de Sanidad de la Generalitat, encargado de desmantelar la sanidad pública catalana, era el representante de la patronal privada de hospitales. Y estos son sólo algunos ejemplos.