La jornada de lucha del pasado 7 de octubre fue un éxito rotundo. Cerca de un millar de personas llegadas desde todos los territorios del Estado, representando a plataformas, asociaciones de personal afectado y organizaciones sindicales, se concentraron frente al Congreso de los Diputados para exigir al Gobierno una solución definitiva al abuso de la temporalidad en las Administraciones Públicas.
La movilización tuvo además una amplia cobertura mediática, con numerosos medios acreditados, lo que permitió visibilizar ante la opinión pública una lucha que se mantiene viva desde hace años. Una lucha que no ha cesado desde la firma, en 2018, del Acuerdo del entonces ministro Montoro con los sindicatos mayoritarios, que abrió la puerta a procesos de “(des)estabilización” que han dejado a miles de trabajadoras y trabajadores en la calle tras décadas de servicio.
El éxito de esta convocatoria llega acompañado de una presión creciente desde la Unión Europea. No hay que olvidar que, el pasado mes de junio, la Comisión Europea decidió suspender 626 millones de euros de los fondos NextGenerationEU asignados a España como primer aviso por la falta de cumplimiento de las sentencias europeas en materia de abuso de temporalidad.
La necesidad de volver a legislar sobre este asunto viene determinada, además, por las graves deficiencias en la aplicación de la Ley 20/2021, especialmente en el ámbito de las Comunidades Autónomas. La aplicación torticera de dicha ley, o directamente su incumplimiento —como ha ocurrido en el caso de la Comunidad de Madrid—, ha provocado una verdadera marea de ceses de trabajadoras y trabajadores en abuso, que ya se cuentan por miles. Los efectos de esta mala gestión se traducen en un auténtico cementerio administrativo, donde se acumulan las carreras truncadas, la experiencia despreciada y los servicios públicos debilitados. Un cementerio silencioso pero creciente, que refleja el coste humano e institucional de no afrontar con valentía un problema estructural.
En vísperas de la publicación del informe del Abogado General de la UE, Rimvydas Norkus, sobre la cuestión prejudicial elevada por el Tribunal Supremo tras la sentencia del TJUE de febrero de 2022, la presión sobre el Gobierno de España es aún mayor. Todo apunta a que Europa no va a aceptar soluciones a medias.
Mientras tanto, las reuniones mantenidas entre representantes de los colectivos convocantes y los grupos parlamentarios han puesto de manifiesto algo muy claro: todos los socios de gobierno —con la única excepción del PNV— comparten ya la posición de los trabajadores y trabajadoras en abuso. Incluso, en la declaración institucional del día de ayer, Ione Belarra, portavoz de Podemos en el Congreso, afirmó que su grupo no apoyará la tramitación de la nueva Ley de Función Pública si en su articulado no se reconoce la fijeza como sanción al abuso y la readmisión del personal cesado.
De esta forma, el PSOE se encuentra en una encrucijada histórica: presionado por sus propios socios de gobierno, por los/as trabajadores/as movilizadas y por las instituciones europeas, tiene cada vez menos margen de maniobra. La única salida real y justa es la fijeza para el personal en abuso.
La expectativa por los próximos pronunciamientos del TJUE y de la Comisión Europea no hace más que reforzar esta convicción. El tiempo se agota y la solución está cada vez más cerca: FIJEZA YA.
Hasta entonces, el personal afectado ya está preparando nuevas movilizaciones. Porque solo con presión, unidad y firmeza lograremos que el PSOE y la judicatura española den finalmente su brazo a torcer y cumpla con la obligación de garantizar estabilidad, justicia y unos servicios públicos de calidad.
