Si hablamos de atención sociocomunitaria, hay que hablar de los CEE, esos entes que últimamente están muy de moda para fomentar la inclusión en el mercado laboral de personas con un certificado de discapacidad. Todo surgió a raíz del RDL 1/2013 que instauró el gobierno de Mariano Rajoy en noviembre de 2013 con la “Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social” (LGD).
Tanto la LISMI (anterior legislación) como la LGD planteaban como objetivo principal de los CEE proporcionar a los trabajadores con discapacidad la realización de un trabajo productivo y remunerado que facilite la integración laboral de éstos en el mercado ordinario de trabajo, no el de crear empresas productivas. Y dicha transformación de los CEE a “empresas productivas” se han convertido en un lucrativo negocio para las entidades del Tercer Sector, ya que, por una parte, justifican con con éstas el cumplimiento del 2% de la plantilla con trabajadoras/es con discapacidad que las empresas ordinarias deben asumir. Por otro lado, contratan prácticamente de forma gratuita, ya que los beneficios fiscales que tienen los CEE son espectaculares: 100% de las cuotas de la Seguridad Social, el 50% del Salario Mínimo Interprofesional (siendo raro que las personas contratadas por un CEE tengan un salario más alto que el mínimo que les permite la ley), pero además le dan 12.000€ por transformar un contrato a indefinido.
Por estas cuestiones, en Intress se ha fomentado la contratación de personal de limpieza subcontrátandolo a través de Fundación Intress, lo que ha producido varias cuestiones:
– Menos derechos para estas personas trabajadoras, pues se les aplica lo recogido en el XV Convenio Discapacidad para los Centros Especiales de Empleo y no para los Centros de Atención Especializada como vienen teniendo las personas contratadas directamente por Intress, así como no aplicar el Acuerdo de Mejoras que Intress tiene en los servicios de la Comunidad de Madrid.
– No tienen representación de las trabajadoras por parte del Comité de Empresa de Intress-Madrid, al ser “otra” entidad con CIF diferente, por lo que es bastante probable que se vulneren los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
– Opacidad en la explotación laboral, ya que no rinden cuentas a nadie, pudiendo no abonar todo el trabajo realizado, trabajar más tiempo del que la legislación permite, no disfrutando de los permisos retribuidos, modificación de jornadas a su antojo…
También hay que valorar que a los CEE se les permite tener contratado a personas sin discapacidad, nada menos que un 30% de su plantilla, que seguramente ocuparán los puestos mejor remunerados, mientras que los trabajos más alienados, precarios, invisibilizados, peligrosos (como las tareas de limpieza en las residencias durante esta pandemia) y repetitivos los asumirán personas con discapacidad.
Y en esta situación cabría plantearse: ¿La integración de las personas con discapacidad debe ser a través de la incursión laboral? ¿no deberíamos centrarnos en la discriminación generalizada que viven las personas con un certificado de discapacidad en todos sus ámbitos vitales? ¿Debemos defender el ideal protestante y capitalista de que el trabajo dignifica al ser humano a pesar que este sea precario?
Sabemos que queda mucho trabajo por hacer. Las personas que trabajamos en el ámbito sociocomunitario debemos ser capaces de pensar dispositivos que generen y produzcan inclusión sin que tenga que hacerse desde la perspectiva del empleo, sin dejar de luchar por defender que las condiciones laborales de las personas que están contratadas a través de los CEE se acojan a convenios que permitan salir de la precariedad en la que se encuentran.