Este fin de semana Pedro Sánchez anunciaba el segundo paquete de medidas restrictivas para endurecer las condiciones del confinamiento, después de que el Congreso de los Diputados aprobara la prórroga de quince días más del Estado de Alarma.
Una de las principales medidas del Gobierno, que cuenta con el apoyo de CCOO y UGT, es el cese de toda actividad no esencial, medida que se venía exigiendo desde hace tiempo desde organizaciones sociales, políticas y sindicales, así como sanitarios/as y científicos/as (pincha aquí para ver el informe de 70 científicos/as españoles reclamando el confinamiento total para evitar el colapso de la sanidad pública). Mientras PP, VOX y compañía vociferan sin aportar ni una sola medida, callan el desmontaje de la sanidad pública que llevaron a cabo durante sus gobiernos los primeros o aportan «soluciones» tan racistas y xenófobas como suicidas los segundos, el Gobierno da alas al ruido reaccionario cuando han hecho falta más de 5.500 muertos para que decrete el cese de la actividad económica no esencial.
La medida, tardía, ni siquiera contenta a una burguesía insaciable. El Presidente vasco Urkullu, la CEOE-CEPYME y el coro mediático que les acompaña siempre, no concuerdan con la medida adoptada por el Gobierno. Alegan que eso incidirá en la crisis económica y hará más difícil la recuperación. Son insaciables: el Gobierno les facilitó vía los ERTES ahorrarse salarios y cargas sociales; al amparo del coronavirus llevan más de 1 millón de despidos, el Gobierno les abrió líneas de crédito y les puso 200.000 millones en bandeja y el Banco Central Europeo le dio a la máquina de hacer billetes y les ha puesto a disposición de los bancos europeos otros 750.000 millones de euros. ¿¡Qué más quieren!?
Para nosotr@s la denuncia y la crítica al gobierno son más necesarias que nunca, pero justo desde el ángulo opuesto. ¿Cuántos préstamos se van a dar a los trabajadores/as y autónomos con el Estado como aval? ¿A cuántas empresas el Gobierno va a obligar a readmitir a los trabajadores/as despedidos por esta crisis?
Si ganan, reparten entre accionistas; si pierden, socializan sus pérdidas.
El carácter propatronal de las medidas del Gobierno se muestra, de nuevo, en este último decreto. Con el permiso retribuido recuperable el trabajador/a recuperará las horas, ¿y los «solidarios» empresarios qué ponen en todo esto? ¿Por qué no se recuperan de las 2,6 millones de horas extraordinarias semanales no remuneradas? Si se recuperan esas horas ¿cuántos trabajadores/as temporales que son contratados en verano se quedarán este año en la calle? Para más inri, en caso de existir acuerdo entre empresa y trabajadores/as para la forma de recuperar las horas, la empresa podrá imponer su decisión.
Esta medida, además, traerá consigo la pérdida de días de vacaciones, de días de descanso semanal o a que las jornadas laborales se alarguen y se conviertan en interminables. En definitiva, con esta medida se le pone en bandeja a los empresarios una mayor flexibilidad de nuestra jornada laboral de la que ya tenían hasta ahora.
Desde Corriente Roja reafirmamos que la vara de medir del Gobierno de coalición es tan burguesa como la del resto de gobiernos del PSOE o PP. Si el Gobierno decía que “nadie quedará atrás”, con esta nueva medida y las otras ya aprobadas, camina justo en la dirección contraria. Y es esta política la que acabará dando alas a los PP y VOX.
Frente a la actitud cómplice de la burocracia sindical de CCOO y UGT, las organizaciones obreras y los movimientos sociales debemos exigir del Gobierno medidas para rescatar de esta crisis a los trabajadores/as y el pueblo pobre. Y para lograrlo, es imprescindible que toda la clase trabajadora nos organicemos desde YA para manifestar nuestro rechazo a este permiso retribuido recuperable con el que pretenden hacernos pagar esta crisis con más miseria y una precariedad laboral aún mayor.
Permisos retribuidos sí, pero recuperables no. Es una injusticia con los/las que trabajan y con los desempleados/as. Que lo paguen la patronal y los banqueros, que lo paguen de los millones de horas extras que obligan a hacer y no pagan; que lo paguen de los 65.000 millones de euros que los bancos se quedaron del rescate, que lo paguen del dineral que se están ahorrando con los ERTES.
Fuente: Corriente Roja