El pasado 19 de marzo se publicó la sentencia del TJUE sobre el personal de las administraciones públicas en fraude de ley.
Estamos en una emergencia social y ahora más que nunca se esta viendo la necesidad de que los servicios públicos funcionen a pleno rendimiento y más concretamente la Sanidad, Educación (profesorado trabajando en casa), Servicios Sociales y otros servicios que pasan desapercibidos por la sociedad que son mantenidos por trabajadores/as, muchos contratados en Fraude de Ley.
Co.bas siempre ha defendido los Servicios Públicos como el único garante de una sociedad igualitaria, y no discriminatoria en base a sus ingresos.
Una sentencia ante la que nadie se ha pronunciado
Durante los últimos días esta Sentencia ha tenido y tiene a más de 800.000 trabajadores/as y a sus familias en tensión y con opiniones encontradas en todos los chats donde están. Unas esperando las argumentaciones que dicen los abogados/as y otras que hacen de abogados/as e interpretan a su manera. Los medios de comunicación se han echo eco, a pesar del Coronavirus, de esta noticia, igualmente unos y otros interpretan lo que la sentencia dice o deja de decir según a su editorial le interesa.
El que no se ha pronunciado todavía ha sido el Gobierno del Estado, pero una cosa si ha hecho: “alabar las bondades de la sanidad pública” y a sus trabajadores/as, pero ni mención sobre la alta tasa de temporalidad en fraude de ley que sufre este sector. Los que tampoco se han pronunciado han sido los partidos de la oposición.¿Que piensan al respecto?. Mucho cuando están en campaña electoral pero ahora están callados.
Entendemos que el CORONAVIRUS sea lo más importante en estos momento, pero también los son otras cosas que pasan en el país como son los contratos en Fraude de Ley que afectan a todos los Servicios Públicos. Parece que el estado español se ha olvidado de lo que realmente son los Servicios Públicos, y la labor que realizan a la sociedad.
Qué dice la Sentencia
El TJUE le da un repaso a las Administraciones del estado español por el abuso de la temporalidad, pero no aboga por la FIJEZA, siempre que haya otra medida equivalente, trasladando la pelota a los juzgados del estado español.
Si analizamos la Sentencia con objetividad, la primera cuestión a plantear es que nos da la razón sobre la denuncia que hicimos en su momento sobre le Acuerdazo de los sindicatos CCOO, UGT y CSIF con Montoro, cuyo objetivo era un ERE encubierto de más de 800.000 emprelados/as públicos con la realizar falsos procesos de estabilización para cumplir al Directiva 1999/70/CE y acabar con la precariedad.
1.La Sentencia dice que ni los procesos de estabilización ni los procesos selectivos son los adecuados para prevenir y sancionar la contratación abusiva de las AAPP. De hecho plantea la necesidad de que estos procesos sean restringidos a estos empleados/as públicos.
2.Otra de las cosas que plantea es que la sanción a las AAPP por el abuso de la temporalidad, no son los procesos de oposiciones que están planteando algunas administraciones como la Comunidad de Madrid o de Galicia.
3.Tampoco es sanción el reconocimiento de la figura del Indefinido no fijo o equivalente.
4.Sobre la indemnización como sanción es más complicada, porque concurren tres requisitos: que esta indemnización exista en el Derecho español, que tenga como objetivo compensar el abuso de la temporalidad y tercero que sea disuasoria para garantizar que no se vuelve a producir este abuso y contratación en Fraude de Ley. La indemnización esta regulada para compensar el despido improcedente, no para sancionar la contratación en fraude de ley por abuso de la temporalidad. Sin un cambio normativo, solo se podría plantear en los juzgados la exigencia de una reclamación por responsabilidad patrimonial a la Administración, donde habría que demostrar el fraude de ley por abuso de temporalidad y cuantificar el daño causado.
Conclusión: remite a los juzgados del Estado Español donde tendrán que valorar si las medidas previstas en el ordenamiento interno del estado (procesos, indefinido no fijo e indemnización) son medidas acorde con la sanción. Nos remiten a las denuncias individuales, y que sean los jueces como alma mater del sistema, los que decidan que se ajusta a cada caso.Aunque es cierto que un juez no puede obviar la normativa interna y aplicar directamente directiva europea, si no esta incorporada a nuestro ordenamiento, ¿que hacer? ¿Cuanto tiempo tiene el gobierno para adaptarla?
Mirar hacia adelante
La situación ha cambiado de arriba abajo desde que comenzamos la lucha por el reconocimiento de nuestros derechos, tal y como cualquier trabajador o trabajadora de la empresa privada. Han pasado algunos años y ahora estamos en plena crisis del CORONAVIRUS trastocando nuestra lucha, que tuvo un momento importante el 15F y eso nos animó para regresar a los territorios a extender ese espíritu que vivimos en Madrid, donde pusimos en la agenda de este país, por un lado nuestra situación y por otra la importancia de la defensa de los servicios públicos.
Ahora la lucha debe continuar y más que nunca la sociedad tiene que conocer nuestra situación; porque si los servicios públicos siguen funcionando a pesar de los recortes y privatizaciones que hicieron los gobiernos del PP y PSOE, y todas las CCAA; tenemos que decir alto y claro que es porque hay muchos trabajadores/as en fraude de Ley que siguen en sus puestos de trabajo, como los demás.
Co.bas apuesta por la unidad de todos los sectores para exigir al gobierno el cambio normativo que permita el reconocimiento de la fijeza automática a todo el personal temporal en fraude de ley por abuso de la temporalidad.
Independientemente de la decisión individual de demandar para reclamar esos mismos derechos por la vía judicial, la presión en la calle como se demostró el 15 de febrero, es la única vía que siempre ha funcionado para conquistarlos. Y el que diga lo contrario, miente.
Co.bas siempre llamó a la unidad de todos los sectores y ahora mas que nunca volvemos a reivindicarlo. La unidad hace la fuerza.Todas y todos contra la epidemia.Ya es hora que se reconozca la labor de las empleadas/os públicos/as, garantizando la estabilidad en el empleo con la FIJEZA
