«Su precariedad nos mata. Sus mutuas nos rematan». Las cifras son tan graves que por eso mismo ni encabezan telediarios ni aparecen en los debates electorales: 652 Trabajadores y Trabajadoras murieron en el Estado Español por accidentes laborales en 2018, un 5% más que el año pasado. 7.614 han fallecido en el trabajo desde el inicio de la crisis-atraco especulativa que sirvió como excusa para empeorar brutalmente las condiciones de trabajo y hacerlo más inseguro. Su precariedad, la que nos han impuesto reforma laboral tras reforma laboral quienes defienden las políticas contra la clase trabajadora, nos mata. Y cuanta más precariedad nos imponen, más beneficios obtienen, pero más nos matan.
Desde 2013, fecha de la última reforma laboral, hemos sufrido un incremento de la siniestralidad, que se ha cebado especialmente con los sectores y colectivos más afectados por la precariedad y la explotación laboral: mujeres, jóvenes, migrantes y personas con diversidad funcional. Cada día sufrimos más de 2.000 accidentes laborales, y muere como mínimo un trabajador, quedando varios inválidos. Pero la mayoría de accidentes se podrían haber evitado – se estima que 7 de cada 10 – de haberse invertido el tiempo y los recursos para cumplir la normativa de prevención de riesgos laborales. Y aún tienen la poca vergüenza de llamarlo absentismo.
Un ejemplo de lo anterior es la exposición al amianto. Desde los años 40 se sabía que causaría enfermedades graves, muchas mortales y todos los gobiernos permitieron hasta el año 2002 que este fuera utilizado como un elemento de producción barato, sin importarles las consecuencias sobre la salud, y abandonando a la suerte de un juzgado a las familias de los miles de fallecidos y de quienes aún hoy siguen muriendo. Exigimos un trato digno a las víctimas y a sus familias, y que se proteja a toda la población del amianto presente aún en muchos lugares.
Nos matan o enfermamos. Y para rematarnos, sus mutuas, empresas privadas a las que además de la “gestión” de los accidentes laborales, también se les ha entregado el negocio de la supervisión de las enfermedades comunes, para que nos sometan a controles por si somos defraudadores y no enfermos, o por si los facultativos/as de la Sanidad Pública no han sabido ver nuestro engaño. Y que no dudan en suspendernos nuestra prestación, aunque ello suponga dejarnos sin recursos si se nos olvida acudir a una de sus citas. Vienen a por la Sanidad Pública. Vienen a por todo. Víctimas del amianto, Kellys, Limpiadoras, Dependientes de comercio, Repartidores, Trabajadoras de la hostelería, de la Sanidad y los Recursos Sociales, de la Construcción y la Industria. Toda la clase trabajadora somos víctimas de su precariedad y su explotación laboral. Gobierne quien gobierne,organizarnos y luchar es nuestro único camino.