Más muertes, más accidentes, más bajas y más enfermedades profesionales que en 2017. ¿Hasta cuándo? La clase trabajadora necesita de una vez por todas políticas que nos protejan: que deroguen los recortes, que eliminen realmente la precariedad y que persigan duramente la explotación laboral que se está llevando la vida y la salud de miles de trabajadores y trabajadoras cada año.
Un total de 652 trabajadores y trabajadoras han fallecido en accidente laboral en 2018, 34 más que en el mismo periodo del año anterior, lo que implica un aumento del 5,5%, según los datos avanzados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Del total de fallecimientos, 506 ocurrieron durante la jornada de trabajo (22 muertes más que en 2017, esto es un 4,5% más) y 146 fueron in itinere (12 más que el año anterior, lo que supone un crecimiento del 9%).
Las causas de fallecimiento más frecuentes fueron los accidentes de tráfico (113) y en mayor medida los infartos y derrames cerebrales (215) que podrían estar vinculados a los elevados ritmos de trabajo, la inseguridad laboral y la mala calidad de vida que provocan los nuevos modelos laborales y empresariales, con condiciones cada vez más extenuantes orientadas a obtener el máximo rendimiento económico disminuyendo los salarios y la calidad del descanso. Los atrapamientos y amputaciones le costaron la vida a 68 trabajadores/as y 53 murieron como resultado de una caída.
Se han incrementado, también, las enfermedades profesionales registradas durante 2018, notificándose 24.231, un 14,36% más que en 2017. Pero, aun así, se reconocen bastantes menos de las que en realidad se producen.
Desde co.bas ya hemos denunciado en numerosas ocasiones la infradeclaración de accidentes y la constante derivación a la Sanidad Pública de trabajadores accidentados/as y enfermos/as por diversas razones: por las prácticas abusivas por parte de las empresas, por el tratamiento de las mutuas más preocupadas de presionar al trabajador/a que enferma que por denunciar los incumplimientos preventivos de quien contrata sus servicios, las empresas, y por el miedo de los trabajadores y trabajadoras a perder salario o el trabajo, tal es el estado de las cosas.
En el conjunto del año 2018, se contabilizaron 602.316 accidentes laborales con baja, lo que supone un aumento del 3,2% respecto al número de siniestros del mismo periodo de 2017. Del total de ellos, 520.037 accidentes se registraron en el lugar de trabajo y 82.279 fueron siniestros in itinere. Los primeros aumentaron un 3,2%, mientras que los segundos se incrementaron un 3,3% respecto al mismo periodo del año pasado. Las causas que produjeron más bajas son de nuevo los accidentes de tráfico (51.286), los golpes contra un objeto inmóvil (19.633) y los sobreesfuerzos físicos (5.073) han sido en el caso de los accidentes in itinere.
Por último, se notificaron 730.686 accidentes laborales sin baja, un 1,1% menos que en igual periodo de 2017. Entre la forma o el contacto en el que se produjo la lesión durante la jornada de trabajo destacan el sobreesfuerzo físico, que produjo la baja en un total de 187.332 casos, o el golpe contra un objeto inmóvil (129.213 bajas)
Andalucía, donde más muertes se produjeron.
Por territorios, Andalucía (78) aunque son 17 menos que en 2017, Países Valencianos (62) Madrid (58) donde aumentan en 21, y Cataluña (54) encabezan la lista por accidentes mortales en jornada laboral. Siendo Cataluña (90.195) Andalucía (55.807) y Madrid (74.805) donde más accidentes en jornada con baja se produjeron.
Sin embargo es en Galicia, Castilla y León, Aragón y Murcia donde la incidencia de accidentes mortales fue mayor. Es decir, a igualdad de número de trabajadores/as sufren mayor número de muertes en el trabajo. En cuanto a la incidencia de accidentes con baja en jornada son Illes Balears, Castilla-La Mancha y Extremadura los territorios que encabezan el listado.
La Minería, el sector con mayor número de accidentes mortales.
La Industria Extractiva; el Transporte y Almacenamiento; y la Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca; y la Construcción, son los sectores de actividad con mayor incidencia de accidentes mortales. Siendo las Empleadas del Hogar, la Educación y las Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales donde menor índice existe.
Un año más, la clase trabajadora vuelve a pagar una factura cada vez más elevada por llevar un sueldo a sus casas. Las cosas no suceden porque sí. Y los trabajadores y trabajadoras no mueren porque sí.
Morimos y enfermamos porque las empresas cada vez invierten más energía en explotarnos y en optimizar sus beneficios que dinero en cumplir las normas que les obligan a proteger nuestra seguridad y nuestra salud. También porque desde los sucesivos gobiernos se les facilita esta labor a través de reformas laborales que con la excusa de crear empleo lo que consiguen es más explotación, más precariedad y más pobreza para la clase trabajadora.
Como prueba, el hecho de que a la Inspección de Trabajo no se le termina de dotar de los recursos y las competencias necesarias para perseguir el fraude y la explotación laboral. Cada inspector/a realiza una media de 171 visitas a empresas, frente a las 134 que se registran en Alemania y las 59 de Francia, según los datos recogidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). No llegan a los 2.000 efectivos entre inspectores/as y subinspectores/as, según las últimas cifras aportadas en 2015. Una cifra claramente insuficiente en comparación con las cerca de 3,2 millones de empresas que existen en el estado español.
Desde co.bas creeemos que 652 trabajadores y trabajadoras muertos exigen algo más que condolencias y buenas intenciones.
- Se han de derogar las dos reformas laborales, se ha de obligar a las empresas a que cumplan exhaustivamente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales como punto de partida de sus negocios.
- Se han de aumentar urgentemente las competencias y los recursos de la Inspección de Trabajo y los Institutos Regionales de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Se ha de trasladar inmeditamente la gestión de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales y comunes a la Sanidad Pública, eliminando el negocio de las mutuas.
- Se han de revisar legalmente las actuaciones, más mercantilistas y sometidas a quien les contrata o no, que prevencionistas, de los Servicios de Prevención.
- Se han de promover políticas de protección de la salud, del descanso, y salariales que promuevan condiciones de trabajo seguras y dignas.
- Se han de aumentar las competencias y facultades de los Delegados y Delegadas de Prevención, cuyo papel, bien ejercido, no actuando burocráticamente sino al lado de la plantilla, es fundamental para defender nuestro derecho a un trabajo seguro y digno.