El sábado, decenas de miles de personas salimos a la calle. No fue una manifestación cualquiera llevaba pintada en las caras el hastío acumulado durante años, el acopio de rabia, la indignación, el hartazgo de las promesas incumplidas. Y lo ha hecho estallar un desahucio llamado Maricarmen, un desahucio televisado que no necesariamente es más dramático que el de los 200.000 que llevamos en estos últimos 8 años, pero ha sido la chispa que encendió la yesca.
La vivienda es un derecho fundamental, no una mercancía ni un activo financiero para generar beneficios a banqueros, fondos buitres y especuladores. Pero ese derecho se queda en nada con una política deliberada que favorece la especulación inmobiliaria mientras los salarios no alcanzan para cubrir una mínima vivienda de alquiler.
Este es un tema vital para cualquier trabajadora o trabajador, no solo para quien sufre un desahucio hoy. Todo el mundo necesita un techo digno. Quien gana un salario de miseria ya ve cómo el alquiler se traga grueso de su nómina; quien tiene contrato temporal vive con la incertidumbre de si podrá pagarlo el mes que viene; quién está en el paro sabe lo frágil que es asegurar un hogar estable.
Las responsabilidades son múltiples y hay que señalarlas claramente. La Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y el Gobierno central se han pasado la pelota y el resultado es un desahucio más, una vergüenza televisada.
En 2015, Pedro Sánchez prometió ante miles de militantes en La Felguera y en mítines por toda Andalucía: «¡No va a haber más desahucios en España cuando haya Gobierno socialista! Ese va a ser mi compromiso.»
Tras 8 años de gobierno el compromiso ni está ni se le espera. Solo en el primer trimestre de 2026 se han producido 4.005 lanzamientos, 44 desahucios diarios. Desde que llegó el PSOE al gobierno en 2018, más de 200.000 familias han sido desalojadas.
La clase obrera necesitamos de forma imperiosa entrar en acción, porque la vivienda es un derecho básico, porque la carestía de la vivienda convierte en papel mojado los aumentos salariales y con ello deteriora las condiciones de vida; porque no se puede permanecer impasibles ante desahucios como el de Maricarmen, o el de hace unos días de Olga, en Hospitalet de Llobregat, que se suicidó después de ser desahuciada.
Se hace de extrema necesidad una respuesta general y masiva, es decir, una huelga general que ponga freno al desalojo sin solución habitacional, a los pisos turísticos desregulados, que exija vivienda pública de alquiler social.
Se viene anunciando, sin nada concreto, que el próximo martes 29 el Consejo de Ministros “adoptará medidas de emergencia”. Pero lo que la vida demuestra es que si por abajo no hay movilización y respuesta contundente, por arriba o no hay nada o habrá un “Decretito” parche que no arregla nada, como tantas veces ocurre y ya pasó con la cacareada Ley de Vivienda.
Las organizaciones sindicales, empezando por las mayoritarias CCOO y UGT o ELA_STV y CIG, tenemos la obligación de responder a esta realidad e impulsar la respuesta que hoy se reclama ya desde las calles y muy especialmente la juventud. La convocatoria de huelga en la educación puede y debe facilitar esa confluencia y coordinación de las luchas que potencie una Huelga General.
¡LA CLASE OBRERA UNIDA CONTRA LOS DESAHUCIOS Y LA ESPECULACIÓN!
Llamamos a todas/os las compañeras/os, delegadas/os y activistas de COBAS a actuar YA:
- DIFUNDIR esta declaración, o las similares que se acuerde hacer, en vuestros centros de trabajo.
- PROPONER a todas las Secciones Sindicales y Comités de Empresa, que traslademos este debate a las plantillas y hagamos pronunciamientos conjuntos.
- Dirigirnos desde la dirección de co.bas, al Sindicato de Inquilinas y a las PAH para que sean quienes llamen a una reunión de urgencia a todos los Sindicatos, a todas las organizaciones estudiantiles y a todos los colectivos de la Comunidad educativa, para organizar una respuesta general unida, que nosotras/os entendemos debe ser una huelga general.
- ACUDIR EL MARTES 29 DE SEPTIEMBRE A LA PUERTA DEL SOL, para apoyar con nuestras voces y nuestra presencia la exigencia al Gobierno de aprobar YA el Decreto Maricarmen:
- Suspensión inmediata de todos los desahucios sin alternativa habitacional; congelación de alquileres,
- Renovación automática de contratos.
- Limitación real a los pisos turísticos y prohibición de los fondos buitres en la vivienda.
