Contra el ERE encubierto a los trabajadores y trabajadoras de lo público: ¡los que están se quedan!

Resolución de co.bas en apoyo de las y los empleados públicos en fraude de ley.

Desde el sindicato Cobas, llevamos tiempo denunciando el mal llamado “Acuerdo por la mejora del empleo público”, firmado el 29 de Marzo de 2017 entre el gobierno anterior y las direcciones sindicales de CCOO, UGT y CSIF, como una burla y un nuevo “Pacto social”. Un acuerdo que obliga a sacar a oposición todas las plazas ocupadas en los últimos tres años en las Administraciones Públicas. Con ello pretenden reducir la alta temporalidad como la Unión Europea le exige desde hace 17 años, en cumplimiento de la Directiva Europea 1999/79/CE, so pena de pagar una multa de más de 100 millones de euros.


Según este acuerdo, las tasas de reposición serán del 100%, pero tan solo en algunos servicios.En otros se queda en el 50%, lo que supone seguir perdiendo puestos de trabajo. Como muestra valga decir que sólo en las Administraciones locales, se perdieron en los últimos años más de 100.00 puestos de trabajo segun datos de la propia FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), cuya reposición en los Ayuntamientos y entidades locales, ni siquiera se garantiza. La firma del acuerdo obliga asimismo a abrir las negociaciones a niveles autonómicos y locales de aquí a 2020, porque son estas administraciones las encargadas de convocar las plazas en su ámbitos.

Esta convocatoria de oposiciones “masivas”,sin haber puesto previamente sobre la mesa los derechos laborales de quienes llevan 5, 10, 15 o más años dentro,ocupando plazas estructurales, es una estafa y un lavado de cara para ocultar el hecho de que miles de empleados públicos estan en fraude de ley porque los distintos gobiernos incumplieron durante años sus propias leyes y normas y no sacaron las ofertas públicas de empleo (OPEs) necesarias,ni suficientes plazas. Es un “ERE encubierto”que va a sustituir a unos trabajadores por otros “más baratos”,ya que muchos irán a la calle, incluso sin indemnización, por muchos años que lleven trabajando en la Administración pública.

Un buen acuerdo hubiera sido haber consolidado estos puestos de trabajo YA EXISTENTES, y conquistar de la Administración la reposición de más del 100% para aumentar la oferta hasta poder cubrir los miles de puestos de trabajo perdidos; eso sí sería garantizar unos verdaderos servicios públicos. Una “victoria sindical” hubiera sido recuperar los salarios perdidos y las condiciones de trabajo previas a la crisis, cuando menos. Un Acuerdo que “dignifique la Administración Pública” hubiera sido recuperar para la pública los servicios externalizados y privatizados, desde el mantenimiento de hospitales hasta comedores; y rechazar medidas privatizadoras como las áreas de gestión en la sanidad, en la que quieren convertir en reinos de taifas a los diferentes servicios (“divide y vencerás”).

Una “victoria” sería crear empleo nuevo, en base no a los criterios de rentabilidad acordados en la Unión Europea, bajo la exigencia del Control del Déficit. Porque ese criterio va dirigido exclusivamente a derivar los servicios públicos a la privada, en lugar de hacerlo en base a las necesidades sociales reales, que es obvio que con las plantillas actuales no las cubren.Pero el Acuerdo cuando se firmó, tenía en su esencia un profundo contenido político: dar un “balón de oxígeno” más al gobierno del PP en pleno debate de los Presupuestos; en minoría en el Parlamento. Por todo ello, resolvemos:

Seguir apoyando, difundiendo y tratando de unificar desde el Sindicato Comisiones de base, la lucha de todos los empleados públicos en fraude de ley y en abuso de temporalidad,ya sean personal funcionario interino, laboral temporal o estatutario, así como
del personal laboral indefinido no fijo por sentencia y pendiente de resolución judicial, tanto de las Administraciones como de sus distintos entes instrumentales, en base a tres ejes:

1. La exigencia a los distintos gobiernos, central, autonómicos y locales, de la puesta en marcha de mecanismos legales y justos que permitan su consolidación y estabilidad en base a la valoración exclusiva de la experiencia y años de trabajo en el puesto. Y exigimos que mientras, no se produzca NI UN SÓLO CESE O DESPIDOmás.

2. La recuperación de todas las plazas amortizadas: Exigimos que saquen a oferta de empleo publico, todas las plazas que han ido desapareciendo en estos años, para que las puedan ocupar todas aquellas personas que quieran acceder a la función pública. Esta y no otra, es la única manera de crear empleo público de calidad y de acabar con las plantillas deficitarias actualmente existentes en la Administración.

3. La reversión de los servicios públicos privatizados: Los falsos ”procesos de consolidación” que están en marcha”,supondrán un adelgazamiento aun mayor de la Administración pública andaluza. De esta forma, se allana el camino para la privatización que todos los gobiernos llevan a cabo desde hace años,con el consiguiente encarecimiento, empeoramiento y aumento de la precariedad laboral, en servicios públicos básicos.

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