Un Acuerdo con mucho ruido y pocas nueces.

El Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) y Unidos Podemos alcanzaron un “Acuerdo de Presupuestos Generales del Estado 2019, Presupuestos para un Estado Social”. La campaña impresentable del dúo vocinglero que forman Casado y Ribera pareciera darle tintes “progresistas” al Acuerdo.

¿En rigor es así? El acuerdo está muy por detrás de las exigencias que desde la calle hemos venido haciendo pensionistas, trabajadores/as en activo y sectores populares, incluidas las organizaciones feministas. Tiene mucho de marketing político electoral y entre muy poco y nada de contenido social. Venden, además, como dado por hecho lo que tiene que pasar primero por el tubo de la Unión Europea y de la mayoría parlamentaria, que no tienen, y es especialmente lamentable por lo que omite.

Aquí se abordan tan solo algunos aspectos, aunque cabría señalar otros como la vivienda, la ayuda a las familias u omisiones tan sonoras como la de los empleados/as públicos, cuando miles de puestos de trabajo están amenazados.

Todo esos elementos siguen la misma lógica de vender como progresistas medidas que se mueven entre las absoluta insuficiencia y la nada.

 

¿UN SALARIO MÍNIMO DE 900 EUROS PARA TODOS/AS?

La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el 2019 es, sin duda, la media estrella de todas las anunciadas.

En primer lugar, el acuerdo no precisa si se trata de 900 € por 14 pagas o por 12.  Por ejemplo, el actual SMI está en 735,9 euros por 14 pagas, 858,55 euros si el cálculo se hace en 12 pagas.

En segundo lugar, está, cuando menos por ahora, por debajo del compromiso hecho por Pedro Sánchez al llegar al Gobierno: subir el SMI a 1000 € hasta el 2020.

En tercer lugar, la “generosidad” no es mucha. Baste ver por ejemplo el SMI en Alemania 1.498 €; Francia 1.498,5 €; Italia 1.642,30 €: Luxemburgo 1.998,6 €; Gran Bretaña 1.297 €; Irlanda 1,614 €

Y en cuarto lugar, tenemos todo el derecho a dudar de si de verdad aplicarán una medida tan escasa y timorata.  Baste recordar al anterior gobierno del PSOE, el de Zapatero, que en el 2004 prometió incrementar significativamente el Salario Mínimo Interprofesional para llegar a 800 € en el 2012. No solo no lo cumplió sino que acabó aplicando otra infame reforma laboral y llevando a cabo uno de los mayores recortes sociales y ataque de la historia a los salarios y a los derechos sociales.

 

SIN DEROGAR LAS REFORMAS LABORALES, EL AUMENTO DEL SMI ES PRÁCTICAMENTE IRRELEVANTE

No explican cuál es la incidencia real, práctica, entre los/as trabajadores, de esta medida anunciada. El SMI se establece por primera vez en España en 1963 y es en 1980, con el Estatuto de los Trabajadores, cuando se formaliza el procedimiento para su fijación.  Es un instrumento que tiene, en teoría, como función principal fijar un suelo salarial que asegure un ingreso mínimo. Pero el SMI no es más que un elemento que incide en la fijación de salarios pero su incidencia real no se puede valorar disociándolo del modelo de relaciones laborales, de las políticas de patronal y gobierno en materia laboral.

La bajada general de salarios que ha acompañado la crisis y que perdura en la cínicamente llamada “recuperación económica”, está vinculada a la proliferación de las jornadas a tiempo parcial, la temporalidad, la rebaja de categorías, el llamado subempleo. Por eso hablar de subida del SMI como “medida estrella” cuando prevalecen las reformas laborales es pura charlatanería, para millones de trabajadores/as.

El Salario mínimo, sin derogar las reformas laborales, tiene una incidencia escasísima  más allá del autobombo que se quieran dar los firmantes. De hecho hasta en los sectores con peores salarios, Hostelería, Comercio, o Limpieza de Edificios y Locales, los convenios establecen “salarios suelo” que superan el SMI con la anunciada subida incluida.

 

¿ES UNA MEDIDA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA?

Hasta el año 2004 el SMI tenía dos funciones: la teórica, laboral de garantía salarial mínima y la de ser base de cálculo para prestaciones o rentas sociales.  El gobierno de Zapatero, con el apoyo de CCOO y UGT, introdujo un cambio de mucho calado. Recuérdese que Zapatero entró prometiendo un aumento sustancial del SMI durante tres años hasta situarlo en el 60% del salario medio, como se recomienda en la Carta Social Europea, pero para que estas subidas del SMI no repercutieran “negativamente en las cuentas públicas” se eliminó la función del SMI como indicador de referencia para determinadas prestaciones sociales y se creó otro indicador para estas funciones: el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

El IPREM es la referencia que marca el acceso y la cuantía de ayudas, becas, subsidios y prestaciones.

Los fondos del IPREM salen de los Presupuestos Generales del Estado, lo que hace que sí tengan una incidencia directa en el gasto público. El IPREM era en el 2008, 516,90 €/mes y está hoy en el 2018, en 537,84 €/mes. El acuerdo firmado por PSOE y Unidos Podemos no recoge subida alguna en este indicador clave para las ayudas sociales, ni propone derogarlo para que la referencia para becas, subsidios, ayudas… vuelva a ser el SMI.

 

SOMOS VIEJOS PERO NO TONTOS

Ese es uno de los gritos mas reiterados en las luchas de los/as pensionista. El Acuerdo dice “Se garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas de acuerdo con el IPC”  y “las pensiones mínimas y no contributivas subirán un 3%”.  ¿Y eso resuelve los temas centrales que dieron origen a la lucha de los/as pensionistas?

1º.- La subida del IPC ¿en qué “garantiza el poder adquisitivo” de dos millones de pensionistas que ganan entre 150 y 500 euros? Incluso subiéndole el 3% ¿garantiza el poder adquisitivo cobrar todos los meses 154,50€? El problema es que 6 millones y medio de pensionistas cobran una pensión que no llega a los 1000 euros y eso no se resuelve con el IPC, por eso una de las reivindicaciones centrales del movimiento ha sido y es la pensión mínima de 1084 €, una reivindicación que no está en el Acuerdo, ni se la espera.

2º.- En el Acuerdo no se dice ni una palabra del “factor de  sostenibilidad”, que recordemos está postergado su aplicación pero no suprimido, por lo que volver al 0,25% de aumento de las pensiones sigue al libre albedrió del gobierno de turno o los acuerdos de rigor entre ellos.

3º.- De la reivindicación central, garantizar el Sistema Público de Pensiones, que las pensiones se garanticen por los Presupuestos Generales del Estado (como estaban antes del Pacto de Toledo) ¡¡ni hablar del tema!!. En realidad es el acuerdo de los del Pacto de Toledo. Se sigue apostando así por un sistema mixto: pensiones públicas de miseria y pensiones privadas que se pagarán los/as que puedan para suculento negocio de bancos, aseguradoras y burócratas de CCOO y UGT.

Ángel Luis Parras es pensionista y miembro de la Comisión Intersectorial de co.bas Madrid.